Error de la Administración en el sistema del decreto de flujos: el TAR de Apulia ordena la expedición del permiso de residencia “ahora por entonces”

 Error de la Administración en el sistema del decreto de flujos: el TAR de Apulia ordena la expedición del permiso de residencia “ahora por entonces”

Con una sentencia de especial relevancia sistemática, el Tribunal Administrativo Regional de Apulia – Sección Tercera, publicada el 24 de diciembre de 2025, se ha pronunciado sobre una cuestión que desde hace años genera litigiosidad e incertidumbre aplicativa: la gestión de los cupos de entrada para trabajo estacional y las consecuencias jurídicas de los errores imputables a la Administración Pública.

El caso se refiere a ciudadanos extracomunitarios que ingresaron legalmente en Italia en el marco del sistema del decreto de flujos, tras la expedición de los correspondientes permisos para trabajo estacional. Posteriormente, la Administración revocó dichos actos alegando la existencia de cupos excedidos y atribuyendo el ingreso a un “error informático” o material. De ello se derivó la denegación del permiso de residencia y el inicio del correspondiente procedimiento contencioso.

El Tribunal adopta una posición jurídica clara: la verificación de la disponibilidad de los cupos debe realizarse ex ante, antes de la entrada del trabajador extranjero, y no ex post. Permitir el ingreso y negar posteriormente el permiso de residencia por falta de cupo implica trasladar al extranjero las consecuencias de un mal funcionamiento administrativo que no le es imputable. Una interpretación que, según el Tribunal, carece de lógica jurídica y resulta incompatible con los principios de corrección y buen funcionamiento de la Administración.

La sentencia estima el recurso en los límites de la solicitud de expedición del permiso de residencia estacional con validez “ahora por entonces”, reconociendo el interés residual de los recurrentes en la regularización de su situación jurídica, también de cara a eventuales procedimientos administrativos futuros. Al mismo tiempo, se confirma —en línea con una jurisprudencia ya consolidada— la imposibilidad de conceder un permiso de residencia por búsqueda de empleo en el ámbito del trabajo estacional, al estar expresamente excluido por la normativa vigente.

La resolución trasciende el caso concreto. Por un lado, reafirma la responsabilidad de la Administración en la gestión de los flujos migratorios; por otro, tutela la confianza legítima de quienes ingresaron en Italia basándose en actos administrativos válidos y eficaces. En un contexto en el que el sistema de flujos resulta cada vez más central para el mercado laboral, pero estructuralmente frágil desde el punto de vista organizativo, esta decisión fija un criterio claro.

El texto íntegro de la sentencia está disponible en la publicación consultable en Calameo, accesible a través del siguiente enlace, de especial interés para operadores jurídicos, estudiosos y profesionales del sector:
https://www.calameo.com/books/008079775616a5b14b842

Avv. Fabio Loscerbo

Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion

https://ift.tt/OkfrH2u https://www.youtube.com/watch?v=PGUEigaQhb4

Residence Permit Conversion: A Key Court Ruling

 

Elective Residence: no automatic refusal for lack of visa

 

Permisos de residencia, condenas penales e integración: el trabajo no basta TAR Marche, sentencia de 16 de diciembre de 2025, número de registro general 684 de 2025

 Permisos de residencia, condenas penales e integración: el trabajo no basta

TAR Marche, sentencia de 16 de diciembre de 2025, número de registro general 684 de 2025

La sentencia del Tribunal Administrativo Regional de las Marcas (TAR Marche), Sección Segunda, dictada el 16 de diciembre de 2025, en el procedimiento inscrito con el número de registro general 684 de 2025, ha sido publicada en Calameo. La decisión aborda una cuestión de especial relevancia en el derecho de la inmigración: la relación entre la integración laboral, las condenas penales y la denegación del permiso de residencia por motivos de trabajo.

El texto íntegro de la sentencia está disponible en el siguiente enlace:
👉 Publicación en Calameo: https://www.calameo.com/books/008079775f468fd0c9ded
Enlace directo: https://www.calameo.com/books/008079775f468fd0c9ded

El caso

El litigio tiene su origen en la denegación, por parte de la Jefatura de Policía, de un permiso de residencia por motivos laborales a un ciudadano extranjero al que previamente se le había revocado el permiso de residencia UE para residentes de larga duración. Durante el procedimiento administrativo, intervino una condena penal, con aplicación de la pena tras acuerdo entre las partes, por delitos de malos tratos en el ámbito familiar y lesiones personales.

Pese a la existencia de una relación laboral y a la alegada presencia de vínculos familiares en Italia, la Administración denegó el permiso de residencia al considerar que el solicitante presentaba un riesgo para la seguridad pública, incompatible con la expedición del título de residencia.

El principio afirmado por el Tribunal

En su sentencia de 16 de diciembre de 2025, el TAR Marche desestimó el recurso y afirmó con claridad que la integración no puede reducirse únicamente al trabajo. El empleo es un elemento relevante en la evaluación de la integración, pero no resulta suficiente por sí solo para neutralizar una apreciación de peligrosidad social, especialmente cuando las conductas penalmente relevantes afectan a bienes fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico, como la integridad personal y las relaciones familiares.

El Tribunal subrayó que la integración debe valorarse de manera sustancial y global, incluyendo el respeto a los valores sociales y culturales del país de acogida. En este contexto, el comportamiento en la esfera privada y familiar adquiere plena relevancia jurídica, en particular cuando los hechos delictivos se produjeron precisamente en dicho ámbito.

Prohibición de automatismos y discrecionalidad administrativa

De especial interés resulta la interpretación del artículo 5, apartado 5, del Texto Único de Inmigración. El Tribunal reiteró que la prohibición de decisiones automáticas no se traduce en un derecho subjetivo a la obtención del permiso de residencia. La Administración está obligada a realizar una ponderación entre el interés del extranjero en permanecer en el territorio y el interés de la colectividad en la seguridad pública, ponderación que puede legítimamente concluir con la denegación del permiso.

La existencia de vínculos familiares no es, por sí sola, determinante, salvo que dichos vínculos se encuadren en las categorías estrictamente tipificadas por la ley, ni puede operar como un “escudo” frente a conductas consideradas de especial alarma social.

La naturaleza del artículo 9, apartado 9, del Texto Único de Inmigración

La sentencia ofrece asimismo una aclaración precisa respecto del artículo 9, apartado 9, del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998. La posibilidad de conceder un permiso de residencia de otro tipo tras la revocación del permiso UE para residentes de larga duración se califica como una facultad de la Administración y no como una obligación. El ejercicio de dicha facultad permanece condicionado a la verificación de todos los requisitos legales, incluida la ausencia de peligrosidad social.

Consideraciones finales

La decisión del TAR Marche, sentencia de 16 de diciembre de 2025, número de registro general 684 de 2025, se inscribe en una línea jurisprudencial que reafirma de forma inequívoca un principio a menudo pasado por alto en el debate público: el trabajo no constituye un escudo automático en el derecho de la inmigración. La integración no es un hecho meramente económico, sino un proceso complejo que implica responsabilidad, respeto de las normas y adhesión a los valores fundamentales del ordenamiento jurídico.

La publicación íntegra de la sentencia en Calameo permite a operadores jurídicos, estudiosos y profesionales del ámbito de la inmigración examinar directamente el texto del fallo y apreciar plenamente su alcance sistemático.

Avv. Fabio Loscerbo

Renewal of the Residence Permit for Self-Employment: the Liguria Regional Administrative Court Confirms the Income Requirement as an Essential Condition

 Renewal of the Residence Permit for Self-Employment: the Liguria Regional Administrative Court Confirms the Income Requirement as an Essential Condition

In a judgment delivered in January 2026, the Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria confirmed the lawfulness of a decision refusing the renewal of a residence permit for self-employment, based on the applicant’s lack of adequate and continuous income.

The ruling fits squarely within a now well-established line of case law that attributes a substantive, rather than merely formal, value to the income requirement. According to the Court, income is not a purely bureaucratic parameter, but a concrete indicator of the foreign national’s actual ability to support himself independently, to achieve stable integration into the economic and social fabric of the host country, and to avoid placing a burden on the public system.

In the case at hand, the Administration had ascertained, through the databases of the National Social Security Institute and the Tax Authority, that the income declared by the applicant was extremely low and discontinuous, and in any event far below the statutory threshold required for exemption from contributions to public healthcare costs. On the basis of these findings, the Court held that Article 26 of Legislative Decree No. 286/1998 had been correctly applied, expressly excluding any “flexible” interpretation of the income threshold in the absence of objective elements demonstrating genuine economic self-sufficiency.

Particularly noteworthy is the reasoning whereby the administrative judge refers to the most recent case law of the Council of State, reaffirming that the burden of proving the availability of lawful and sufficient income lies with the foreign national and constitutes a non-derogable requirement for the renewal of a residence permit. From this perspective, self-employment cannot be assessed in abstract terms, but must translate into an effective and stable means of economic support.

The judgment therefore provides a clear clarification on an issue that frequently gives rise to litigation: the renewal of a residence permit cannot be granted without a rigorous assessment of the applicant’s economic capacity, even where the permit is formally based on self-employment. The decisive factor remains the existence of real, documented and sustainable income over time.

The full text of the decision is available in the Calaméo publication at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e

Avv. Fabio Loscerbo

Administrative Error in the Decree Flows System: TAR Puglia Orders the Issuance of the Residence Permit “Now for Then”

 Administrative Error in the Decree Flows System: TAR Puglia Orders the Issuance of the Residence Permit “Now for Then”

With a decision of significant systemic relevance, the Regional Administrative Court of Puglia – Third Section, published on 24 December 2025, addressed an issue that for years has generated litigation and uncertainty in practice: the management of entry quotas for seasonal work and the legal consequences of errors attributable to the Public Administration.

The case concerns non-EU nationals who lawfully entered Italy under the decree flows system, following the issuance of seasonal work authorisations. At a later stage, the Administration revoked those measures, alleging that the quotas had been exceeded and attributing the entry to an “IT error” or a material mistake. This led to the refusal of the residence permit and to the initiation of judicial proceedings.

The Court adopted a clear legal position: the verification of quota availability must be carried out ex ante, before the foreign worker’s entry, not ex post. Allowing entry and subsequently denying the residence permit on the ground of insufficient quotas effectively shifts onto the foreign national the consequences of an administrative malfunction for which they bear no responsibility. According to the Court, such an approach lacks legal rationality and is incompatible with the principles of fairness and proper administration.

The judgment upholds the appeal within the limits of the request for the issuance of a seasonal residence permit with “now for then” validity, recognising the applicants’ residual interest in regularising their legal status, also with a view to possible future administrative procedures. At the same time, the Court confirms—consistently with established case law—that a residence permit for job-seeking purposes cannot be granted in the context of seasonal work, as this is expressly excluded by the applicable legislation.

The ruling goes beyond the individual case. On the one hand, it reaffirms the Administration’s responsibility in managing migration flows; on the other, it safeguards the legitimate expectations of those who entered Italy on the basis of valid and effective administrative acts. In a context where the decree flows system is increasingly central to the labour market, yet structurally fragile from an organisational standpoint, this decision sets an important benchmark.

The full text of the judgment is available in the Calameo publication, which can be consulted at the following link and is intended for legal practitioners, scholars and professionals in the field:
https://www.calameo.com/books/008079775616a5b14b842

Avv. Fabio Loscerbo