Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.

Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.

Cuatro citas incumplidas

El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.

Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.

El solicitante no acudió a ninguna de ellas.

La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.

El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.

El tribunal rechazó todos estos argumentos.

La toma de huellas no es una mera formalidad

La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.

La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.

Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.

Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.

Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.

Una decisión considerada proporcionada

El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.

El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.

Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.

Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.

El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.

Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.

El procedimiento no podía quedar abierto para siempre

El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.

El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.

Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.

En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.

Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.

No existe obligación de notificación personal

El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.

El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.

En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.

El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.

El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.

Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación

Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.

El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.

Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.

El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.

Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.

La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.

El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.

El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.

La obligación funciona en ambas direcciones.

La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.

Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.

En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.

Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes

El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.

El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.

El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.

La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.

La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.

En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.

Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia

La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.

Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.

Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.

Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.

El silencio es la peor opción.

La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد

أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء تجديد تصريح إقامة، بعدما لم يحضر صاحب الطلب إلى أربعة مواعيد مختلفة خُصصت للتحقق من هويته وأخذ بصماته.

وبموجب الحكم رقم 1315 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي قدمه مواطن مغربي ضد قرار شرطة بولونيا بأرشفة طلبه لتجديد تصريح الإقامة بسبب العمل المأجور.

يرسم الحكم حداً واضحاً بين الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وبين واجبهم في التعاون مع الإدارة. ووفقاً للمحكمة، لا يجوز لصاحب الطلب أن يتوقع بقاء الإجراء مفتوحاً إلى أجل غير محدد إذا تجاهل عدة استدعاءات رسمية من دون تقديم أي تفسير.

التغيب عن أربعة مواعيد

كان صاحب الطلب قد قدم طلب التجديد من خلال الحزمة البريدية المخصصة لإجراءات تصاريح الإقامة.

وتم استدعاؤه للمرة الأولى إلى مكتب الهجرة في بولونيا بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2024، من أجل التحقق من هويته وأخذ بصماته. وبعد عدم حضوره، حددت الإدارة ثلاثة مواعيد أخرى في 6 أغسطس/آب 2024، و18 سبتمبر/أيلول 2024، و21 يناير/كانون الثاني 2026.

ولم يحضر صاحب الطلب إلى أي من هذه المواعيد.

لذلك قررت شرطة بولونيا أرشفة الملف، معتبرة أن الإجراء لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، وأن عدم استكمال التحقق من الهوية يجعل متابعة الطلب أمراً غير ممكن.

وطعن صاحب الطلب في القرار، مدعياً أن الأرشفة إجراء غير متناسب، وأنه كان بالإمكان تحديد موعد جديد. كما أشار إلى أنه لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً رسمياً بالرفض، وطلب أخذ ظروفه الشخصية والعائلية في الاعتبار.

غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج.

أخذ البصمات ليس مجرد إجراء شكلي

أكد الحكم أن التحقق الشخصي من الهوية وأخذ البصمات يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.

فتقديم الطلب عبر البريد ليس سوى الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يجب على المواطن الأجنبي الحضور شخصياً حتى تتمكن الإدارة من التحقق من هويته، وجمع بياناته البيومترية، وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني.

ومن دون حضور صاحب الطلب، لا يمكن استكمال الإجراء.

وقد يكون التغيب عن موعد واحد مبرراً بسبب المرض أو خطأ في الاتصال أو عائق مؤقت. لكن في هذه القضية، تغيب صاحب الطلب عن أربعة مواعيد موزعة على فترة تقارب ثمانية عشر شهراً، من دون أن يقدم سبباً مقبولاً.

وبالنسبة إلى المحكمة، لم يعد الأمر يتعلق بمخالفة إجرائية بسيطة، بل بعدم تعاون مستمر وطويل.

القرار اعتُبر متناسباً

دفع صاحب الطلب بأن أرشفة الملف كانت إجراءً مبالغاً فيه، لأن الإدارة كان يمكنها ببساطة تحديد موعد آخر.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا الحل استُخدم بالفعل ثلاث مرات.

فبعد التغيب الأول، لم ترفض شرطة بولونيا الطلب مباشرة، بل أعادت جدولة الموعد مراراً، ومنحت صاحب الطلب فرصاً إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ولهذا اعتُبر القرار النهائي متناسباً.

يفرض مبدأ التناسب على الإدارة اختيار وسائل مناسبة وضرورية وغير مفرطة في آثارها. لكنه لا يلزمها بتكرار الإجراء نفسه إلى ما لا نهاية عندما يظل صاحب الطلب غير مبالٍ أو غير متعاون.

ووفقاً للحكم، كانت الإدارة قد لجأت بالفعل عدة مرات إلى الحل الأقل قسوة قبل أن تقرر الأرشفة.

لا يمكن إبقاء الإجراء مفتوحاً إلى الأبد

استندت المحكمة أيضاً إلى الواجب العام الواقع على الإدارة بإنهاء الإجراءات بقرار صريح.

فالقانون الإداري الإيطالي لا يسمح بترك الطلبات معلقة إلى أجل غير مسمى.

وعندما يتعذر الاستمرار في معالجة الطلب بسبب غياب عنصر جوهري، يجوز للإدارة إنهاء الإجراء بقرار مبسط.

وفي هذه القضية، لم يكن العنصر المفقود مجرد وثيقة، بل كان الحضور الشخصي لصاحب الطلب، وهو أمر ضروري للتحقق من هويته والحصول على بياناته البيومترية.

لذلك اعتبرت المحكمة أن شرطة بولونيا كان لها الحق في استنتاج أن الطلب لم يعد قابلاً للمعالجة.

لا يوجد التزام بالتبليغ باليد

ادعى صاحب الطلب أيضاً أن التبليغ باليد وحده كان يمكن أن يضمن علمه الفعلي بالمواعيد.

لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، لعدم وجود نص قانوني يفرض تبليغ استدعاءات أخذ البصمات شخصياً باليد.

وفي غياب قاعدة خاصة، تطبق القواعد العادية المتعلقة بالمراسلات الإدارية.

ولم يثبت صاحب الطلب أن الإخطارات أُرسلت إلى عنوان خاطئ أو أنه لم يتلقها فعلاً. وكان اعتراضه منصباً فقط على طريقة التبليغ.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن المواعيد الأربعة أُبلغت بصورة صحيحة.

تكرار الاستدعاءات وفر مشاركة كافية

تعلق دفع آخر بعدم توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الأرشفة.

رأت المحكمة أن الاستدعاءات الأربعة منحت صاحب الطلب فرصاً كافية للمشاركة في الإجراء.

صحيح أن موعد أخذ البصمات لا يساوي تماماً إخطاراً رسمياً بأسباب الرفض، لكن المحكمة تبنت في هذه القضية نهجاً عملياً.

فقد دُعي صاحب الطلب عدة مرات إلى استكمال الخطوة الأساسية اللازمة للتجديد. ومع ذلك، تجاهل المواعيد الأربعة ولم يتصل بالإدارة لشرح غيابه أو طلب التأجيل.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة استنفدت كل أشكال الحوار المعقولة معه.

التعاون وحسن النية ينطبقان على الأجانب أيضاً

من أهم جوانب الحكم ما يتعلق بمبدأي التعاون وحسن النية.

ينص القانون الإداري الإيطالي على أن العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة يجب أن تقوم على التعاون وحسن النية.

وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يطلبون تصاريح الإقامة.

والالتزام متبادل.

فعلى الإدارة أن تتصرف بصورة صحيحة، وأن تقدم معلومات واضحة، وأن تبلغ المواعيد بشكل مناسب، وأن تنظر في الصعوبات الحقيقية التي يثيرها صاحب الطلب.

وفي المقابل، يتعين على صاحب الطلب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، والحضور إلى المواعيد، والإبلاغ عن أي عائق، وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء.

وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن صاحب الطلب أخفق في أداء واجب التعاون.

الظروف الشخصية والعائلية لم تكن كافية

طلب صاحب الطلب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار إقامته الطويلة في إيطاليا، وكونه أباً لأسرة، وحصوله على فرصة عمل جديدة بعد فترة من البطالة.

لكن المحكمة لم تعتبر هذه العناصر كافية لتجاوز المشكلة الإجرائية.

فقد تكون الوظيفة والروابط العائلية والاندماج الاجتماعي عوامل مهمة عند تقييم استيفاء الشروط الموضوعية للتجديد. لكنها لا تلغي ضرورة الحضور الشخصي للتحقق من الهوية.

ولا تستطيع الإدارة دراسة الطلب بصورة كاملة عندما يرفض صاحبه بصورة متكررة استكمال مرحلة أساسية من الإجراء.

ولا يعني الحكم أن الظروف الشخصية عديمة الأهمية دائماً. فقد تكون حاسمة إذا كان التغيب بسبب مرض أو حالة عائلية طارئة أو مشكلة حقيقية في التبليغ.

لكن لم يثبت في هذه القضية وجود أي سبب من هذا النوع.

تحذير لمقدمي طلبات تصاريح الإقامة

يوجه الحكم رسالة مباشرة إلى الأجانب المعنيين بإجراءات الإقامة.

فالحقوق يجب أن تُحمى، لكن على أصحاب الطلبات أيضاً أن يتعاونوا بفاعلية.

لا ينبغي أن يؤدي التغيب عن موعد واحد تلقائياً إلى خسارة الإجراء. أما الغياب المتكرر وغير المبرر، فقد يبرر أرشفة الملف.

وعلى من لا يستطيع الحضور إلى موعد أن يتصل فوراً بمكتب الهجرة، ويشرح السبب، ويقدم ما يثبت ذلك متى كان ممكناً.

الصمت هو الخيار الأسوأ.

ويؤكد الحكم أن إجراءات الهجرة لا يمكن أن تُدار كما لو أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الإدارة وحدها. فالسلطات ملزمة باحترام الضمانات القانونية، لكن صاحب الطلب ملزم أيضاً بالقيام بما يلزم للسماح باستمرار الإجراء.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

L’archiviazione della procedura di ingresso per lavoro stagionale e il valore sostanziale del contraddittorio procedimentale

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1318

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1318, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Rimini aveva archiviato una procedura di ingresso per lavoro stagionale a causa della mancata trasmissione, entro il termine di quindici giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti.

La decisione assume particolare rilievo perché riconosce natura sostanziale, e non meramente formale, alla comunicazione di avvio del procedimento e al preavviso di rigetto. Quando l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consente al lavoratore di dimostrare che il ritardo non gli è imputabile o dipende da forza maggiore, l’Amministrazione deve necessariamente informare le parti del mancato ricevimento del contratto. L’archiviazione automatica, fondata sul solo dato informatico e non preceduta dal contraddittorio, impedisce l’esercizio di una facoltà difensiva espressamente riconosciuta dalla legge.

1. La vicenda sottoposta al TAR

La controversia riguardava un cittadino egiziano ammesso in Italia per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Lo Sportello unico per l’immigrazione di Rimini aveva rilasciato il nulla osta all’assunzione in favore di una società operante nel settore alberghiero. Sulla base di tale autorizzazione, l’Ambasciata d’Italia al Cairo aveva rilasciato il visto di ingresso e il lavoratore era entrato nel territorio nazionale il 23 marzo 2026.

Il 30 marzo 2026, dunque entro quindici giorni dall’ingresso, il datore di lavoro e il lavoratore avevano sottoscritto in forma analogica il contratto di soggiorno. La documentazione era stata successivamente affidata a un’associazione datoriale incaricata di curare gli adempimenti relativi alla procedura del decreto flussi. Il 1° aprile 2026 il lavoratore era stato inoltre regolarmente assunto.

Nonostante tali circostanze, il 12 aprile 2026 lo Sportello unico aveva disposto l’archiviazione della pratica, rilevando che il contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente non risultava trasmesso entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del Testo unico sull’immigrazione.

L’archiviazione non era stata preceduta né dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, né dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della medesima legge.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’archiviazione e imponendo all’Amministrazione di riaprire il procedimento, assegnando alle parti un termine preciso per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludendo la procedura mediante il rilascio degli atti dovuti, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Il quadro normativo: il termine di quindici giorni

La disciplina applicabile è contenuta principalmente nell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato anche in materia di lavoro stagionale dall’art. 24 dello stesso decreto.

Il comma 6 dell’art. 22 stabilisce che, entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il documento deve essere quindi trasmesso telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione a cura del datore di lavoro.

Il precedente comma 5-ter prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine previsto. La disposizione introduce, tuttavia, un’espressa clausola di salvaguardia: la conseguenza sfavorevole non opera quando il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o, comunque, da circostanze non imputabili al lavoratore.

Il dato normativo è decisivo. Il legislatore non ha configurato il termine come un meccanismo di decadenza assoluto e insuperabile. Ha invece introdotto una disciplina articolata, che impone di distinguere tra il mero inadempimento e il ritardo giustificato.

Ne deriva che l’Amministrazione non può arrestarsi al dato informatico della mancata ricezione del contratto. Deve verificare le ragioni dell’omissione e, soprattutto, consentire alle parti di rappresentarle.

3. Il contraddittorio come condizione necessaria per applicare la clausola di non imputabilità

Il nucleo centrale della decisione risiede nel rapporto tra la clausola di non imputabilità prevista dall’art. 22, comma 5-ter, e le garanzie partecipative disciplinate dalla legge n. 241 del 1990.

Il TAR afferma che la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto assumono, in questa materia, un valore sostanziale. Non si tratta di adempimenti formali che possono essere omessi senza conseguenze, ma di strumenti indispensabili per rendere concretamente esercitabile una facoltà riconosciuta dalla legge.

Il lavoratore può dimostrare che il ritardo non gli è imputabile soltanto se viene informato che il contratto non risulta pervenuto allo Sportello unico. In assenza di tale comunicazione, egli non può conoscere l’esistenza dell’anomalia, produrre la documentazione già sottoscritta, chiarire le responsabilità del datore di lavoro o dell’intermediario incaricato, dimostrare un errore tecnico o chiedere la rimessione in termini.

La clausola di non imputabilità presuppone quindi, logicamente e giuridicamente, un contraddittorio preventivo.

Non è sufficiente che la legge riconosca astrattamente la possibilità di giustificare il ritardo. Tale possibilità deve essere resa effettiva attraverso un procedimento che consenta all’interessato di conoscere la contestazione e di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione della misura sfavorevole.

4. Gli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990

La sentenza richiama implicitamente la funzione complementare degli artt. 7 e 10-bis della legge generale sul procedimento amministrativo.

L’art. 7 impone la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. L’art. 10-bis, nei procedimenti a istanza di parte, obbliga l’Amministrazione a comunicare tempestivamente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, consentendo agli interessati di presentare osservazioni e documenti.

Nel caso esaminato, la pratica era stata archiviata senza che il lavoratore e il datore fossero previamente informati del mancato ricevimento del contratto.

Tale omissione aveva impedito alle parti di evidenziare elementi potenzialmente decisivi: la sottoscrizione del contratto entro il termine, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e l’affidamento della trasmissione a un soggetto incaricato della gestione della pratica.

L’intervento partecipativo avrebbe dunque potuto incidere sul contenuto della decisione. Per questo motivo non poteva trovare applicazione la regola di conservazione prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento non aveva un contenuto inevitabile, perché la stessa norma sostanziale imponeva di valutare le ragioni del ritardo e la sua imputabilità al lavoratore.

5. L’inadeguatezza del gestionale ministeriale non giustifica la violazione della legge

Particolarmente significativo è il passaggio nel quale il TAR esclude qualsiasi rilevanza giuridica alla circostanza che il sistema informatico ministeriale non prevedesse l’invio automatico del preavviso di archiviazione.

La Prefettura aveva rappresentato che il gestionale utilizzato per le procedure relative al decreto flussi non contemplava, in caso di archiviazione ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, la notifica di un preavviso.

Il Collegio ha correttamente osservato che l’organizzazione tecnica dell’Amministrazione non può derogare alla legge.

Il principio è di portata generale. La digitalizzazione del procedimento amministrativo deve essere modellata sulle garanzie procedimentali, non può sostituirle né ridurle. Un sistema informatico che non consenta l’esercizio del contraddittorio non rende legittima l’omissione: dimostra, al contrario, l’inadeguatezza dello strumento rispetto alla disciplina normativa.

L’algoritmo o il gestionale non possono trasformare una valutazione giuridica individualizzata in un automatismo espulsivo o decadenziale. La procedura telematica deve consentire di distinguere il ritardo colpevole da quello giustificato, perché tale distinzione è imposta direttamente dalla legge.

6. La non imputabilità al lavoratore

La sentenza assume rilievo anche perché ribadisce la centralità della posizione personale del lavoratore.

La trasmissione telematica del contratto è materialmente rimessa al datore di lavoro. Nel caso concreto, inoltre, la documentazione era stata affidata a una struttura incaricata della gestione della pratica. Il lavoratore non disponeva pertanto del controllo diretto sull’adempimento informatico.

La clausola dell’art. 22, comma 5-ter, tutela proprio questa situazione. Il lavoratore straniero non può essere automaticamente penalizzato per omissioni, errori o ritardi riconducibili al datore, al professionista, all’associazione di categoria o al funzionamento del sistema informatico.

La verifica dell’imputabilità deve essere concreta.

Occorre accertare se il lavoratore abbia sottoscritto tempestivamente il contratto, abbia comunicato il proprio ingresso, si sia reso disponibile all’assunzione e abbia collaborato alla procedura. Qualora tali adempimenti risultino assolti, la mera mancata trasmissione telematica non può produrre automaticamente la perdita del nulla osta.

La soluzione opposta finirebbe per attribuire al lavoratore una responsabilità oggettiva per attività che la legge pone prevalentemente a carico di altri soggetti.

7. L’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro

Un ulteriore elemento di rilievo era rappresentato dall’avvenuta assunzione del lavoratore.

Il rapporto di lavoro era stato instaurato il 1° aprile 2026, in conformità al nulla osta rilasciato. Non si era quindi in presenza di una procedura fittizia, di un datore irreperibile o di un’offerta di lavoro priva di concretezza.

Il provvedimento di archiviazione aveva colpito una procedura nella quale il presupposto sostanziale dell’ingresso — l’esistenza di un’effettiva occupazione stagionale — risultava realizzato.

Ciò non rende irrilevante il rispetto delle formalità previste dal Testo unico, ma impone un’applicazione ragionevole e proporzionata della disciplina.

Quando il contratto è stato sottoscritto, il lavoratore è stato assunto e il ritardo riguarda esclusivamente la trasmissione del documento, l’Amministrazione deve privilegiare la regolarizzazione dell’adempimento rispetto alla definitiva chiusura della procedura.

L’archiviazione automatica avrebbe prodotto un risultato contrario alla finalità della stessa disciplina dei flussi: impedire il rilascio del permesso di soggiorno a un lavoratore regolarmente entrato e già effettivamente occupato.

8. Il riesercizio del potere amministrativo

L’annullamento disposto dal TAR non comporta il rilascio automatico del titolo di soggiorno.

Il giudice ha imposto all’Amministrazione di riesercitare il proprio potere nel rispetto dei criteri indicati in motivazione. In particolare, lo Sportello unico dovrà riavviare il procedimento, assegnare alle parti un termine preciso per produrre il contratto correttamente sottoscritto e verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

La pronuncia mantiene quindi fermo il potere di controllo dell’Amministrazione, ma ne corregge le modalità di esercizio.

Non viene eliminato l’obbligo di sottoscrivere e trasmettere il contratto. Viene escluso che la mancata ricezione possa determinare l’archiviazione immediata senza informare gli interessati e senza consentire loro di dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Si realizza così un equilibrio tra l’esigenza di certezza e celerità delle procedure e la tutela effettiva del lavoratore straniero.

9. Il consolidamento dell’orientamento del TAR Emilia-Romagna

La sentenza n. 1318 del 2026 non costituisce una decisione isolata.

Il Collegio richiama espressamente le precedenti sentenze della stessa Sezione n. 409 dell’11 marzo 2026 e n. 1034 del 3 giugno 2026. Si va quindi consolidando un orientamento secondo il quale l’omissione del preavviso è illegittima quando la disciplina sostanziale riconosca al lavoratore la possibilità di dimostrare che il ritardo non dipende dalla sua condotta.

La continuità interpretativa è importante anche sul piano amministrativo.

Lo Sportello unico non può considerare la sentenza come una risposta eccezionale a un singolo caso. È necessario adeguare in via generale le modalità di gestione delle pratiche, prevedendo una comunicazione preventiva ogni volta che il contratto non risulti acquisito entro il termine.

La reiterazione di archiviazioni automatiche, nonostante l’indirizzo giurisprudenziale ormai espresso in più occasioni, potrebbe determinare un contenzioso seriale evitabile attraverso un corretto adattamento della prassi.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1318 del 2026 offre un contributo rilevante alla tutela procedimentale dei lavoratori stranieri ammessi in Italia nell’ambito del decreto flussi.

Il principio affermato è chiaro: quando la legge consente di dimostrare che il ritardo non è imputabile al lavoratore, l’Amministrazione deve necessariamente instaurare il contraddittorio prima di archiviare o revocare la procedura.

La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non rappresentano formalità prive di contenuto. Essi costituiscono il mezzo attraverso il quale la clausola di non imputabilità diventa concretamente operativa.

La decisione assume inoltre un significato più ampio nel processo di digitalizzazione dell’amministrazione dell’immigrazione. Le limitazioni del sistema informatico non possono comprimere diritti e garanzie previsti dalla legge. È il gestionale che deve essere adeguato alla disciplina normativa, non il procedimento giuridico a essere sacrificato alle rigidità del software.

La regolarità delle procedure di ingresso deve essere garantita, ma non attraverso automatismi che trasferiscano sul lavoratore le conseguenze di errori tecnici o omissioni altrui.

Nel caso di un contratto tempestivamente sottoscritto, di un rapporto di lavoro effettivamente avviato e di un ritardo potenzialmente non imputabile allo straniero, la buona amministrazione impone di consentire il completamento della procedura. L’archiviazione deve rappresentare l’esito di un’istruttoria effettiva, non la conseguenza automatica di un dato informatico.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments

An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting.

In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment.

The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation.

Four appointments were missed

The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure.

He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026.

The applicant did not appear on any of those dates.

The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application.

The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances.

The court rejected those arguments.

Fingerprinting is not a minor formality

The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures.

Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit.

Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed.

A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence.

For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate.

The decision was considered proportionate

The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment.

The court noted, however, that this had already happened three times.

After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities.

The final decision was therefore considered proportionate.

The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive.

According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case.

The procedure could not remain open forever

The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion.

Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely.

Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision.

In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints.

The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed.

No special requirement for personal service

The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments.

The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally.

In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply.

The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication.

The court therefore considered all four appointments to have been properly notified.

The repeated appointments were enough to ensure participation

Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed.

The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure.

A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach.

The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement.

For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him.

Cooperation and good faith apply to foreign nationals too

One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith.

Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith.

The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents.

The rule works in both directions.

Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure.

In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation.

Personal and family circumstances were not enough

The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment.

The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem.

Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification.

The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure.

The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem.

No such explanation was provided in this case.

A warning for residence permit applicants

The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures.

Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate.

A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file.

Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible.

Remaining silent is the worst option.

The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

Italy: Court Rules That Administrative Delays Cannot Be Used to Deny a Residence Permit

An Italian administrative court has annulled the refusal of a residence permit for vocational training, ruling that the authorities cannot rely on delays caused by their own inaction to reject an otherwise valid application.

In judgment no. 1260 of 29 June 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna found that the Bologna Police Headquarters had acted unlawfully when it denied a residence permit requested for a six-month training programme.

The applicant had entered Italy legally, submitted the application on time, completed the training as planned and later obtained a permanent employment contract. Despite this, the authorities rejected the application only after the training period had already ended.

The application was filed on time

The foreign national entered Italy on 14 July 2024 with a valid visa for study and vocational training.

The programme was scheduled from 2 August 2024 to 31 January 2025 and was aimed at providing professional skills in the construction sector.

The applicant submitted the residence permit application on 9 August 2024, shortly after the beginning of the training programme. He later attended the Immigration Office for identification and fingerprinting.

The application was therefore properly started, and the applicant had completed the steps required of him.

However, the authorities did not issue the residence permit before the training programme ended.

The warning arrived one year later

The case became more problematic because the first formal objection from the Police Headquarters arrived almost one year after the application had been filed.

The authorities complained that the applicant had not provided evidence that the training programme had been renewed.

The court found this reasoning illogical.

The programme had not been abandoned or interrupted. It had been completed successfully on the date originally planned.

The applicant was not seeking permission for a new or extended training period. He was asking for the residence permit connected to the programme he had lawfully entered Italy to complete.

For the court, the authorities could not turn the normal end of the training project into a reason for refusal.

The administration cannot benefit from its own delay

The central principle of the judgment is straightforward: administrative delay cannot be converted into a legal obstacle against the applicant.

The court acknowledged that the statutory deadlines for issuing residence permits are generally not strict deadlines. This means that a late decision is not automatically invalid.

However, it does not mean that the administration may ignore the legal consequences of its own delay.

The authorities must assess the application by looking at the situation that existed when it was submitted.

In this case:

• the applicant had a valid visa;

• the application had been filed promptly;

• the training had actually taken place;

• the programme ended while the application was still pending;

• the permit had not been issued because the administration had failed to decide in time.

The court therefore rejected the idea that the end of the training period could justify the refusal.

The applicant was also criticised for not requesting conversion

The refusal also referred to the fact that the applicant had not requested the conversion of the training permit into a residence permit for subordinate employment.

The court found this reasoning equally flawed.

A conversion application normally presupposes the existence of a residence permit that can be converted.

In this case, the training permit had never been issued.

The applicant could not be blamed for failing to convert a document that the authorities themselves had not provided.

The judgment described the situation in clear practical terms: the lack of conversion resulted from the administration’s delay, not from the applicant’s lack of diligence.

The applicant later obtained permanent employment

The case also showed that the training project had achieved its practical purpose.

On 8 September 2025, the applicant signed a permanent employment contract.

This later development did not automatically transform the original training application into a work permit application. However, it was a relevant fact that the authorities had to consider when reassessing the person’s immigration position.

The court did not order the automatic issue of a work permit.

It required the Police Headquarters to reconsider the application without relying on the unlawful reasons used in the refusal.

The motivation was unclear and contradictory

The court also criticised the quality of the administrative reasoning.

The refusal referred to several different elements:

• the end of the training programme;

• the absence of a renewal;

• the existence of a work contract;

• the applicant’s income record;

• the lack of a conversion request;

• the alleged absence of the requirements for another type of permit.

According to the judges, these references did not clearly identify the real legal reason for the refusal.

A proper administrative decision must allow the person concerned to understand the legal and factual path followed by the authorities.

Listing several unrelated facts is not enough if the decision does not explain which of them is decisive and why.

A broader problem in immigration procedures

The ruling exposes a wider structural problem in Italy’s immigration administration.

Many residence permits are connected to activities with a limited duration, such as training programmes, seasonal work, study courses or research projects.

When the administrative procedure lasts longer than the activity itself, the permit risks becoming useless before it is even issued.

If the authorities were allowed to reject every application simply because the underlying project had ended during the delay, they could make the entire legal procedure ineffective by failing to decide in time.

The court rejected that result.

Applications must be assessed in light of the circumstances existing when they were filed, especially where the applicant has acted correctly and the later expiry of the project is attributable only to administrative delay.

The administration must reconsider the case

The judgment did not directly grant the residence permit.

Instead, it annulled the refusal and ordered the Bologna Police Headquarters to reassess the application.

In the new procedure, the authorities cannot treat the lawful completion of the training as a negative factor.

They also cannot blame the applicant for failing to convert a permit that was never issued.

The administration will have to consider the original application, the successful completion of the training and the later employment relationship.

An important principle for foreign nationals

The decision confirms an essential principle of administrative fairness.

A foreign national who submits an application on time and fulfils the required obligations should not suffer the consequences of a delay caused by the authorities.

The absence of strict statutory deadlines does not give the administration unlimited freedom.

Public authorities must act in good faith and cannot use the consequences of their own inaction as a reason to deny a right.

In immigration law, time is not a secondary matter. Delays can affect employment, legal residence and the continuity of a person’s life project.

The judgment makes clear that administrative time cannot be managed in a way that defeats the very right the procedure is supposed to protect.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: العنوان: إشارة SIS: متى تمنع إصدار تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أكد حكم نُشر في 1 يوليو 2026 أن إشارة SIS الخاصة بعدم السماح بالدخول قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا لأسباب إنسانية جسيمة أو تنفيذًا لالتزامات دولية.

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Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

Un tribunal administratif italien a annulé le refus d’un titre de séjour pour stage professionnel, en affirmant que l’administration ne peut pas utiliser les conséquences de son propre retard pour rejeter une demande qui avait été présentée régulièrement.

Par le jugement n° 1260 du 29 juin 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a considéré que la préfecture de police de Bologne avait agi illégalement en refusant un titre de séjour demandé pour un stage de six mois.

Le demandeur était entré légalement en Italie, avait présenté sa demande dans les délais, avait accompli le stage comme prévu et avait ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, l’administration n’avait statué qu’après la fin du stage.

La demande avait été présentée dans les délais

Le ressortissant étranger était entré en Italie le 14 juillet 2024 avec un visa valable pour études et stage professionnel.

Le programme devait se dérouler du 2 août 2024 au 31 janvier 2025 et avait pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment.

Le demandeur avait présenté sa demande de titre de séjour le 9 août 2024, soit quelques jours seulement après le début du stage. Il s’était ensuite rendu auprès du bureau de l’immigration pour les opérations d’identification et de relevé des empreintes digitales.

La procédure avait donc été régulièrement engagée et le demandeur avait accompli les formalités qui lui incombaient.

Pourtant, l’administration n’avait pas délivré le titre avant la fin du stage.

Le premier avertissement est arrivé un an plus tard

La situation est devenue particulièrement problématique lorsque la préfecture de police a adressé sa première objection formelle près d’un an après le dépôt de la demande.

L’administration reprochait au demandeur de ne pas avoir produit la preuve du renouvellement du projet de stage.

Le tribunal a considéré cette motivation comme illogique.

Le stage n’avait pas été abandonné ni interrompu. Il avait été accompli jusqu’à son terme, à la date initialement prévue.

Le demandeur ne sollicitait pas un nouveau stage ni la prolongation du précédent. Il demandait le titre de séjour correspondant au projet pour lequel il avait été autorisé à entrer en Italie.

La fin normale du stage ne pouvait donc pas être transformée en motif de refus.

L’administration ne peut pas tirer avantage de son propre retard

Le principe central du jugement est clair : le retard administratif ne peut pas devenir un obstacle juridique opposé au demandeur.

Le tribunal reconnaît que les délais prévus pour la délivrance des titres de séjour ne sont généralement pas des délais impératifs. Une décision tardive n’est donc pas automatiquement illégale.

Cela ne signifie toutefois pas que l’administration puisse ignorer les effets juridiques de son propre retard.

La demande devait être examinée au regard de la situation existant au moment où elle avait été présentée.

Dans cette affaire :

• le demandeur disposait d’un visa valable ;

• la demande avait été déposée rapidement ;

• le stage avait effectivement été réalisé ;

• le projet s’était achevé alors que la procédure était toujours pendante ;

• le titre n’avait pas été délivré parce que l’administration n’avait pas statué à temps.

Le tribunal a donc exclu que la fin du stage puisse justifier le refus.

Le demandeur était également critiqué pour ne pas avoir demandé la conversion du titre

La décision de refus faisait aussi référence au fait que le demandeur n’avait pas sollicité la conversion du titre de séjour pour stage en titre de séjour pour travail salarié.

Le tribunal a jugé ce raisonnement tout aussi erroné.

Une demande de conversion suppose normalement l’existence d’un titre de séjour à convertir.

Or, dans cette affaire, le titre pour stage n’avait jamais été délivré.

Le demandeur ne pouvait pas être tenu responsable de ne pas avoir converti un document que l’administration elle-même ne lui avait jamais remis.

L’absence de demande de conversion était donc la conséquence du retard administratif, et non d’un manque de diligence de l’intéressé.

Le demandeur avait ensuite obtenu un emploi stable

L’affaire démontrait également que le stage avait atteint son objectif professionnel.

Le 8 septembre 2025, le demandeur avait signé un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette circonstance ne transformait pas automatiquement la demande initiale en demande de titre de séjour pour travail salarié. Elle constituait néanmoins un élément important que l’administration devait prendre en considération lors du réexamen de la situation.

Le tribunal n’a pas ordonné la délivrance immédiate d’un titre de séjour pour travail.

Il a imposé à la préfecture de police de réexaminer la demande sans se fonder sur les motifs illégaux utilisés dans la décision de refus.

Une motivation confuse et contradictoire

Le tribunal a également critiqué la motivation de la décision administrative.

Le refus faisait référence à plusieurs éléments différents :

• la fin du stage ;

• l’absence de prolongation du projet ;

• l’existence d’un contrat de travail ;

• la situation contributive du demandeur ;

• l’absence de demande de conversion ;

• l’absence supposée des conditions permettant la délivrance d’un autre titre.

Selon les juges, cette accumulation d’éléments ne permettait pas de comprendre clairement la véritable raison juridique du refus.

Une décision administrative doit permettre à l’intéressé de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité.

L’énumération de faits hétérogènes ne suffit pas lorsque l’administration n’explique pas lequel d’entre eux est décisif et pour quelle raison.

Un problème plus général des procédures d’immigration

Le jugement met en lumière une difficulté structurelle de l’administration italienne de l’immigration.

De nombreux titres de séjour sont liés à des activités limitées dans le temps : stages, emplois saisonniers, cours d’études, projets de recherche ou programmes de formation.

Lorsque la procédure administrative dure plus longtemps que l’activité elle-même, le titre risque de perdre toute utilité avant même d’être délivré.

Si l’administration pouvait refuser chaque demande au seul motif que le projet s’est achevé pendant la période d’attente, elle pourrait rendre la procédure inutile simplement en ne statuant pas à temps.

Le tribunal refuse un tel résultat.

La demande doit être appréciée à la lumière des circonstances existant lors de son dépôt, surtout lorsque l’intéressé a agi correctement et que l’expiration du projet résulte uniquement du retard de l’administration.

L’administration doit réexaminer l’affaire

Le jugement n’accorde pas directement le titre de séjour.

Il annule la décision de refus et impose à la préfecture de police de Bologne de réexaminer la demande.

Dans le nouveau cadre procédural, l’administration ne pourra pas considérer comme négative la conclusion régulière du stage.

Elle ne pourra pas non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir converti un titre qui n’a jamais été délivré.

Elle devra examiner la demande initiale, le bon déroulement du stage et la relation de travail apparue par la suite.

Un principe essentiel pour les ressortissants étrangers

La décision confirme un principe fondamental d’équité administrative.

Un ressortissant étranger qui présente sa demande dans les délais et accomplit les formalités requises ne doit pas supporter les conséquences d’un retard imputable aux autorités.

L’absence de délai impératif ne confère pas à l’administration une liberté illimitée.

Les autorités publiques doivent agir de bonne foi et ne peuvent pas utiliser les effets de leur propre inertie pour refuser un droit.

En matière d’immigration, le temps n’est pas une question secondaire. Les retards peuvent compromettre l’emploi, la régularité du séjour et la continuité du parcours personnel de l’intéressé.

Le jugement affirme clairement que le temps administratif ne peut pas être géré de manière à neutraliser le droit que la procédure devait précisément protéger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428