martedì 11 agosto 2026
New on TikTok: إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا.
lunedì 10 agosto 2026
New on TikTok: Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia? Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022. El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro. El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia. Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero. La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen. Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.
domenica 9 agosto 2026
Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia
Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia
Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.
Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.
El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.
La solicitud se presentó correctamente
El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.
El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.
El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.
Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.
Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.
El primer aviso llegó casi un año después
La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.
La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.
El tribunal consideró esta motivación ilógica.
Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.
El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.
Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.
La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso
El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.
El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.
Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.
La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.
En este caso:
el solicitante disponía de un visado válido;
la solicitud se presentó con rapidez;
las prácticas se realizaron efectivamente;
el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;
el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.
Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.
También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión
La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.
El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.
Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.
En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.
No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.
La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.
El solicitante obtuvo después un contrato indefinido
El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.
El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.
Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.
El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.
Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.
Una motivación confusa y contradictoria
El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.
La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:
la terminación de las prácticas;
la falta de renovación del proyecto;
la existencia de un contrato de trabajo;
la situación contributiva del solicitante;
la ausencia de una solicitud de conversión;
la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.
Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.
Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.
No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.
Un problema estructural de las políticas migratorias
La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.
Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.
Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.
Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.
El tribunal rechaza expresamente ese resultado.
Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.
La Administración debe volver a examinar el caso
La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.
Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.
En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.
Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.
Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.
Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros
La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.
Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.
La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.
Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.
En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.
La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
New on TikTok: Trainee Residence Permit: Administrative Delays Cannot Harm the Applicant Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. A judgment published on 29 June 2026 confirms that the authorities cannot refuse a trainee residence permit because of their own administrative delay. If the permit is not issued on time, the applicant cannot be penalized for circumstances beyond their control.
sabato 8 agosto 2026
New on TikTok: Permis de séjour pour stage : le retard de l'administration ne peut pas pénaliser l'étranger Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 29 juin 2026 rappelle que l'administration ne peut pas refuser un permis de séjour pour stage en raison de son propre retard. Lorsque le titre n'est pas délivré à temps, le demandeur ne peut pas en subir les conséquences.
venerdì 7 agosto 2026
Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal
Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal
An Italian administrative court has upheld the refusal of an application to regularise undeclared employment because the applicant was listed in the Schengen Information System for the purpose of refusing entry.
In judgment no. 1265 of 1 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected an appeal against a decision issued by the Police Headquarters in Modena.
The court held that the Schengen alert constituted a legal obstacle to the regularisation procedure and that the Italian authorities were not required to reassess the applicant’s personal dangerousness or review the legality of the decision adopted by France.
The alert had been entered by France
The case concerned an application submitted under the 2020 Italian regularisation programme for undeclared work.
The Police Headquarters rejected the application after finding that France had entered an alert concerning the applicant in the Schengen Information System on 19 March 2021.
The alert was intended to prevent the person’s admission into the Schengen area and had been confirmed by the competent French authority.
The applicant challenged the refusal, arguing that the alert resulted only from an administrative immigration violation connected to illegal entry into France.
He also claimed that the Italian authorities should have assessed his personal circumstances, the requirements for regularisation and the possible existence of serious reasons justifying the issue of a residence permit.
The court rejected those arguments.
The Schengen alert was considered an automatic legal obstacle
The judges relied on the special rules governing the 2020 regularisation procedure.
Under Article 103 of Decree-Law no. 34 of 2020, foreign nationals listed for non-admission under international agreements binding on Italy were excluded from the regularisation process.
For the court, the alert therefore represented a direct legal obstacle.
Once the authorities had verified the existence and continued validity of the alert, they had no ordinary discretion to approve the application.
The refusal was consequently treated as a mandatory decision rather than the outcome of a broader discretionary assessment.
Italy was not required to reassess the French decision
One of the central issues was whether the Italian authorities had to review the reasons behind the French alert.
The court answered no.
The Schengen system is based on cooperation and mutual trust between participating states. An alert entered by one country produces effects throughout the Schengen area.
The Italian Police Headquarters was therefore not required to determine independently whether the applicant posed a current threat to public order.
Nor was it competent to review whether the French measure had been correct or proportionate.
That assessment primarily belongs to the authorities and courts of the state that entered the alert.
An alert does not always mean criminal dangerousness
The judgment is important because a Schengen alert may arise from different situations.
It does not necessarily mean that the person has been convicted of a crime or represents a serious security threat.
An alert may also result from a return decision, an entry ban or a violation of immigration rules.
In this case, the applicant argued that the alert was linked to illegal entry into France.
The court nevertheless held that the legal effect depended on the type and validity of the alert, not on whether the underlying conduct amounted to a criminal offence.
As long as the alert remained active, the Italian authorities were required to recognise its consequences.
A residence permit may still be issued for serious reasons
The court also explained that the obstacle is not absolute in every circumstance.
A Schengen state may decide to issue a residence permit despite an alert, but only where serious reasons exist, particularly humanitarian reasons or obligations arising under international law.
Such reasons must be concrete and particularly significant.
They may include, depending on the circumstances, protection of family life, the interests of children, serious health conditions or obligations connected to the principle of non-refoulement.
However, the state cannot simply ignore the alert.
It must first consult the country that entered it.
The consultation procedure is intended to balance the foreign state’s decision with any legal obligation requiring another Schengen country to grant residence.
In the case examined by the court, no sufficiently serious reason had been demonstrated.
The authorities did not need to prove current dangerousness
The applicant also complained that the Police Headquarters had failed to assess whether he was currently dangerous.
The court held that such an assessment was unnecessary in this specific regularisation procedure.
The refusal did not depend on an independent finding that the person represented a danger. It depended on the existence of a legal condition expressly excluding access to the programme.
This distinction is significant.
Where the law directly treats a Schengen alert as an exclusion ground, the authorities do not have to reconstruct the applicant’s entire personal history or carry out a new public-order assessment.
The relevant questions are whether the alert exists, whether it is current and whether any exceptional serious reasons justify consultation and a possible derogation.
The applicant must challenge the alert in the correct country
The ruling does not mean that Schengen alerts are beyond legal challenge.
A person who considers an alert inaccurate, outdated or unlawful may request access to the relevant data and seek correction or deletion.
However, the challenge must generally be directed to the competent authorities of the country that entered the alert.
In this case, the applicant would therefore have needed to address the French authorities if he wished to contest the basis or continuing validity of the measure.
The Italian administration could verify the existence of the alert, but could not cancel or rewrite a decision entered by France.
A major practical issue for immigration lawyers
The judgment has important practical consequences.
When a residence or regularisation application is refused because of a Schengen alert, challenging only the Italian decision may not be enough.
The defence should first establish:
which country entered the alert;
the date and legal basis of the measure;
the type of alert;
whether it is still valid;
whether there are grounds for correction or deletion;
whether serious humanitarian or international-law reasons exist.
The legal strategy often has to proceed on two levels.
The alert must be challenged or removed in the state that entered it, while any exceptional grounds supporting a residence permit must be documented before the Italian authorities.
Mutual trust cannot eliminate individual rights
The judgment confirms the strength of the Schengen Information System within European immigration law.
A national authority cannot freely disregard an alert entered by another state. Otherwise, the entire system of shared border control would lose effectiveness.
At the same time, mutual trust cannot turn a digital record into an untouchable fact.
Alerts must remain accurate, current and proportionate. Individuals must have access to effective procedures for checking the data and requesting correction or deletion.
The decision therefore highlights two competing principles.
The first is the need for cooperation between Schengen states. The second is the individual’s right to challenge a measure that may prevent entry, residence or regularisation across much of Europe.
In the case decided by the court, the active French alert prevailed. The Italian authorities were therefore entitled to reject the regularisation application.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Italia revoca la autorización de trabajo tras la desaparición del empleador: el tribunal confirma la decisión
Italia revoca la autorización de trabajo tras la desaparición del empleador: el tribunal confirma la decisión
Un tribunal administrativo italiano ha confirmado la revocación de una autorización de trabajo concedida en el marco del sistema de cuotas de entrada, después de que el empleador no completara el procedimiento de contratación y acabara siendo ilocalizable.
Mediante la sentencia n.º 1263, de 1 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un trabajador extranjero contra la decisión de la Prefectura de Rímini de revocar su autorización de trabajo.
El caso pone de manifiesto una debilidad recurrente del sistema migratorio italiano: un trabajador extranjero puede entrar legalmente en Italia con un visado y una autorización de trabajo válidos y, sin embargo, perder posteriormente la posibilidad de regularizar su residencia porque el empleador no cumple las formalidades exigidas.
El empleador nunca se presentó
El trabajador había entrado en Italia en marzo de 2024 tras obtener una autorización para trabajar por cuenta ajena. De acuerdo con la legislación italiana, el empleador y el trabajador debían firmar el contrato de residencia y transmitirlo a la Oficina Única de Inmigración dentro de los quince días siguientes a la entrada en el territorio nacional.
Ese trámite nunca llegó a completarse.
La Prefectura fijó varias citas para concluir el procedimiento, pero el empleador no se presentó y más tarde se volvió ilocalizable.
Según los hechos recogidos en la sentencia, el mismo empleador habría presentado cuarenta y dos solicitudes de autorización de trabajo, pese a no disponer aparentemente de la capacidad económica ni del volumen de negocio necesarios para sostener un número tan elevado de contrataciones.
El trabajador intentó resolver la situación, también con asistencia letrada, y se le indicó la posibilidad de buscar a otro empleador. Sin embargo, no se formalizó ninguna sustitución dentro del plazo considerado admisible por la Administración.
La Prefectura decidió entonces revocar la autorización inicial.
El tribunal: el procedimiento no puede quedar abierto indefinidamente
El tribunal consideró que la Prefectura había actuado conforme a Derecho.
El artículo 22 del Decreto Legislativo italiano n.º 286 de 1998 establece que la autorización de trabajo puede ser revocada cuando el contrato de residencia no se firma y transmite dentro del plazo legal, salvo que el retraso se deba a fuerza mayor o a circunstancias no imputables al trabajador.
Los jueces reconocieron que el empleador había desaparecido, pero entendieron que el procedimiento administrativo no podía mantenerse abierto sin límite a la espera de que el trabajador encontrara un nuevo empleador.
Según el tribunal, la ausencia definitiva del empleador original impedía completar el procedimiento. La revocación debía considerarse, por tanto, una consecuencia obligatoria y no una decisión discrecional de la Administración.
Una interpretación estricta del sistema de cuotas
La sentencia se sitúa dentro de una línea cada vez más rigurosa de la jurisprudencia administrativa italiana.
Según este enfoque, la revocación de la autorización de trabajo no constituye una medida ordinaria de revisión administrativa. Se considera más bien una forma de pérdida o caducidad del beneficio, derivada de la ausencia o desaparición de los requisitos necesarios para completar el procedimiento de entrada y residencia.
Esta calificación tiene importantes consecuencias. Significa que la Administración no está obligada a reconsiderar toda la situación personal del trabajador, como su grado de integración, sus perspectivas laborales, su buena conducta o la ausencia de antecedentes penales, salvo que esos elementos sean expresamente relevantes conforme a la normativa aplicable.
El tribunal también recordó que la autorización puede ser revocada no solo en casos de fraude o falsificación documental, sino también cuando falten los requisitos sustanciales para la entrada del trabajador. Entre ellos se encuentran la capacidad económica del empleador y la existencia real del puesto de trabajo ofrecido.
El trabajador soporta las consecuencias de la conducta del empleador
El caso plantea, sin embargo, una importante cuestión de equidad.
La ley dispone expresamente que la autorización no debería revocarse cuando la falta de formalización del contrato no sea imputable al trabajador. Sin embargo, en muchos casos el trabajador no tiene ningún control real sobre la conducta del empleador.
Un ciudadano extranjero puede haber obtenido un visado, abandonado su país, afrontado gastos importantes y cumplido todas las exigencias administrativas, para descubrir después que el empleador ya no quiere realizar la contratación o que nunca tuvo capacidad real para hacerlo.
Pese a ello, la respuesta administrativa suele trasladar todas las consecuencias al trabajador.
Existe, por tanto, una contradicción evidente: la Administración autoriza la entrada basándose en una oferta de trabajo, pero si el empleador desaparece después, el trabajador puede quedarse sin una vía legal para permanecer en Italia, incluso cuando haya actuado de buena fe.
La cuestión pendiente de la sustitución del empleador
Otro aspecto central es la posibilidad de sustituir al empleador original.
El tribunal consideró que la Prefectura no estaba obligada a mantener abierto el procedimiento hasta que apareciera un nuevo empleador. En el sistema actual, la autorización de trabajo está normalmente vinculada a un empleador concreto, a una oferta determinada y a una cuota específica.
Sin embargo, el caso demuestra la necesidad de reglas más claras.
Cuando el empleador original desaparece, se vuelve insolvente o se descubre que ha presentado solicitudes poco fiables, el trabajador no debería perder automáticamente toda posibilidad de regularización.
Un procedimiento uniforme que permitiera la sustitución del empleador podría proteger a quienes han entrado legalmente y de buena fe, sin debilitar los controles contra los abusos del sistema de cuotas.
Un problema estructural del sistema italiano
La sentencia pone de relieve una debilidad más profunda: los controles esenciales sobre los empleadores se realizan con frecuencia demasiado tarde.
Cuando la Administración comprueba la capacidad económica y la fiabilidad del empleador solo después de que el trabajador haya entrado en Italia, el riesgo del fracaso administrativo acaba siendo trasladado al extranjero.
El trabajador soporta así las consecuencias de controles previos insuficientes, de prácticas de contratación fraudulentas o de la negativa posterior del empleador a completar el procedimiento.
Unos controles más rigurosos antes de expedir el visado y la autorización de trabajo reducirían este tipo de casos. Al mismo tiempo, la legislación debería garantizar una protección efectiva al trabajador que no es responsable del fracaso de la relación laboral.
La lucha contra las solicitudes fraudulentas es necesaria. Pero no debería conducir a sancionar automáticamente a quienes han entrado legalmente en Italia y han confiado en una oferta de trabajo previamente aprobada por las autoridades públicas.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428