El nuevo Decreto Flussi: principales novedades en el sistema italiano de ingreso regular de trabajadores extranjeros

 

El nuevo Decreto Flussi: principales novedades en el sistema italiano de ingreso regular de trabajadores extranjeros

El decreto-ley de 3 de octubre de 2025, n.º 146 —actualmente en fase de conversión parlamentaria— introduce una reorganización estructural de las normas sobre cuotas de entrada y, más en general, del vínculo entre migración regular y mercado laboral.
No se trata de simples ajustes: el decreto redefine fases procedimentales, introduce controles automatizados, amplía los canales de ingreso y adapta la normativa al nuevo contexto económico y demográfico.

La intervención continúa el camino iniciado con las reformas de 2023 y 2024, con la clara intención de estabilizar lo que ha funcionado y corregir lo que ha generado distorsiones.

1. Un nuevo criterio para el cómputo del plazo del nulla osta: fin del automatismo del silencio-positivo descontrolado

Una de las novedades más relevantes es la modificación del dies a quo del plazo para la emisión del nulla osta al trabajo subordinado.
El plazo ya no corre desde el día de la presentación (click day), sino desde el momento en que la solicitud es asignada efectivamente a una cuota disponible.

Hasta ahora, miles de solicitudes permanecían “fuera de cuota” durante semanas o meses, haciendo vencer el plazo y generando silencio-positivo antes de cualquier verificación administrativa.
El nuevo mecanismo elimina este automatismo, restableciendo coherencia procedimental y seguridad jurídica.

2. Verificación sistemática de las declaraciones del empleador en todos los canales de ingreso

Uno de los pilares del decreto es la extensión permanente y generalizada del control automatizado de las declaraciones de los empleadores.
La plataforma informática cruza automáticamente datos de Unioncamere, Agencia Tributaria, INPS y AgID, bloqueando el procedimiento en caso de incongruencias.

Este sistema —experimentado solo para el decreto flussi 2025— se convierte ahora en estructura fija y se aplica también a los canales de ingreso fuera de cuota previstos en los artículos 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies y 27-sexies del Texto Único de Inmigración (TUI).

Se supera así definitivamente el modelo de la autocertificación no verificada, una debilidad histórica en un sector expuesto a fraudes, intermediaciones ilícitas y competencia desleal.

3. Pre-compilación obligatoria y límite de tres solicitudes por empleador

La fase de pre-compilación, introducida de forma experimental para 2025, pasa a ser obligatoria y condición técnica para participar en el click day.

Además, cada empleador particular podrá presentar como máximo tres solicitudes por cada decreto anual.
El límite no se aplica a las organizaciones empresariales ni a los asesores laborales habilitados, que deben garantizar la proporcionalidad entre solicitudes y capacidad económica y organizativa de la empresa.

La medida pretende frenar el uso distorsionado del decreto flussi por sujetos que, en años anteriores, presentaron decenas o incluso cientos de solicitudes sin una oferta real de empleo.

4. Derecho a trabajar mientras se espera la conversión del permiso de residencia

La reforma reescribe el artículo 5(9-bis) TUI, reconociendo expresamente el derecho a trabajar también durante la fase de conversión del permiso, y no solo durante el trámite de emisión o renovación.

A la luz de los conocidos retrasos administrativos, esta norma tutela la continuidad laboral y evita que la persona quede en situación irregular por simples demoras de la administración.
El derecho depende, como siempre, de poseer el recibo de presentación de la solicitud.

5. Duración unificada de un año para los permisos de víctimas de trata, violencia doméstica y explotación laboral

El decreto armoniza los diversos permisos por “casos especiales”, extendiendo de seis meses a un año la duración inicial de los permisos concedidos en virtud de los artículos 18, 18-bis y 18-ter TUI.

Particularmente relevante es la extensión del derecho al Assegno di Inclusione (Subsidio de Inclusión) también a los titulares de permisos de los artículos 18 y 18-bis, además de las víctimas de explotación laboral ya cubiertas desde 2024.
La reforma refuerza la idea de que la protección debe incluir herramientas de apoyo económico y social, no solo un derecho de residencia.

6. Prórroga trienal de los ingresos fuera de cuota para trabajadores domésticos

Tras la fase piloto de 2025, se amplía para el período 2026–2028 el canal de ingreso fuera de cuota para trabajadores dedicados a la asistencia de personas mayores de 80 años o personas con discapacidad.

Es una respuesta directa a la presión demográfica: Italia es el país más envejecido de la Unión Europea y el sector de la asistencia familiar depende estructuralmente de trabajadores extranjeros.
La continuidad trienal garantiza previsibilidad tanto a familias como a operadores.

7. Reactivación del canal para programas de voluntariado internacional

El canal de entrada previsto por el art. 27-bis TUI para voluntariado —introducido en 2018 pero nunca activado por falta de decretos anuales— se pone finalmente en marcha.
La nueva norma prevé un contingente trienal, permitiendo a las entidades del Tercer Sector planificar proyectos a largo plazo.

8. Reagrupación familiar: el plazo pasa de 90 a 150 días

El plazo para la emisión del nulla osta de reagrupación familiar se amplía de 90 a 150 días.
El ajuste reconoce la complejidad de las verificaciones socioeconómicas exigidas y alinea la normativa italiana con la directiva europea, que permite hasta nueve meses para decidir.

9. Refuerzo de la lucha contra la explotación laboral: el “Tavolo Caporalato” se vuelve permanente

La mesa interinstitucional contra la explotación laboral se convierte en órgano permanente y abre la participación a entidades religiosas reconocidas civilmente.
Es un reconocimiento práctico del papel que estas entidades desempeñan en territorios donde la explotación laboral es más frecuente.

10. Continuidad del papel de la Cruz Roja Italiana en la gestión del hotspot de Lampedusa

El decreto amplía hasta 2027 la posibilidad de que el Ministerio del Interior cuente con la Cruz Roja Italiana para la gestión del punto de crisis de Lampedusa.
La elección se basa en los resultados positivos obtenidos y en la necesidad de garantizar continuidad en un contexto operativo extremadamente delicado.

Consideraciones finales

El decreto flussi 2025–2027 marca un punto de inflexión procedimental: un sistema que deja de depender exclusivamente del click day y se basa en controles previos, interoperabilidad digital, plazos realistas y canales de entrada ajustados a las necesidades del país.

Simultáneamente, refuerza la protección de los colectivos vulnerables y consolida los ingresos fuera de cuota en sectores estructuralmente dependientes de trabajadores extranjeros.

En su conjunto, el decreto moderniza la gobernanza migratoria italiana, alineándola de forma más estrecha con las exigencias del mercado laboral y con una gestión programada de los flujos migratorios regulares.

Avv. Fabio Loscerbo

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Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. 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La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). 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Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

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Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS

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