Permiso de residencia en trámite: cuándo se puede seguir trabajando en Italia

Esperar la expedición, la renovación o la conversión del permiso de residencia no significa, por sí solo, perder el derecho a trabajar en Italia. La normativa italiana protege expresamente al ciudadano extranjero durante la tramitación administrativa, siempre que pueda demostrar que la solicitud ha sido presentada correctamente y disponga del correspondiente recibo.

Esta cuestión tiene una importancia práctica considerable. Los tiempos de las Questure pueden ser largos y, durante meses, el trabajador puede encontrarse con una tarjeta caducada o todavía no expedida. En estas situaciones, el documento material no es el único elemento que determina la regularidad de la estancia ni la posibilidad de continuar una actividad laboral.

La regla: la espera administrativa no interrumpe automáticamente el derecho a trabajar

El artículo 5, apartado 9-bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, modificado en los últimos años y hoy vigente, establece que durante la espera de la expedición, renovación o conversión del permiso de residencia el extranjero puede permanecer legalmente en Italia y ejercer temporalmente una actividad laboral, siempre que concurran los demás requisitos previstos por la ley.

El elemento fundamental es el recibo que acredita la presentación de la solicitud. Este documento no debe considerarse una simple constancia administrativa: durante la tramitación cumple una función jurídica concreta, porque demuestra que el procedimiento ha sido iniciado y permite acreditar frente al empleador la situación regular del trabajador.

La protección continúa incluso cuando la Administración supera el plazo previsto para resolver el procedimiento. La demora de la Questura no puede transformarse automáticamente en una pérdida del trabajo para quien ha presentado correctamente su solicitud.

Desde 2026 también hay nuevas reglas sobre los plazos

El Decreto Legislativo 16 de abril de 2026, n. 83, en vigor desde el 4 de junio de 2026, ha modificado varios aspectos del permiso único de trabajo y de los procedimientos relativos a los permisos de residencia. Entre otras novedades, el plazo de referencia para solicitar la renovación ha pasado de sesenta a noventa días antes de la fecha de caducidad.

Por ello es aconsejable no esperar a los últimos días. Presentar la solicitud con suficiente antelación reduce problemas con el empleador, con la Administración y con otros organismos que puedan pedir una prueba actualizada de la regularidad de la estancia.

La protección se aplica también durante una conversión

Una novedad especialmente importante es la extensión expresa de esta tutela a las solicitudes de conversión del permiso de residencia. Esto significa que, cuando la ley permite transformar un determinado título de estancia en otro que autoriza el trabajo, la persona no debe quedar necesariamente fuera del mercado laboral mientras espera la decisión administrativa.

También en este caso es esencial disponer de la documentación que demuestre la presentación efectiva de la solicitud y cumplir los demás requisitos exigidos para la actividad laboral.

¿Puede una empresa negarse a contratar porque el permiso caduca antes que el contrato?

La proximidad de la fecha de caducidad del permiso no autoriza, por sí sola, a excluir a un ciudadano extra-UE de una selección laboral ni a limitar automáticamente la duración del contrato.

El Tribunal de Milán, Sección Laboral, en la sentencia n. 144 de 15 de enero de 2026, consideró discriminatoria una política empresarial que excluía de las selecciones a trabajadores extra-UE cuando la validez residual de su permiso era inferior a la duración del contrato propuesto, o que reducía la duración del contrato únicamente por ese motivo.

El principio es relevante en la práctica: el empleador debe comprobar la regularidad de la estancia, pero no puede anticipar indebidamente sobre el trabajador las consecuencias de una futura caducidad cuando el ordenamiento prevé precisamente la posibilidad de renovar el permiso y continuar trabajando durante la tramitación.

Qué debe conservar el trabajador

Quien se encuentre esperando la expedición, renovación o conversión del permiso debería conservar cuidadosamente el recibo de presentación de la solicitud, una copia del permiso anterior cuando exista, el pasaporte y cualquier comunicación recibida de la Questura.

En caso de cambio de empleo, estos documentos pueden resultar decisivos para demostrar al nuevo empleador que la situación de estancia continúa siendo regular durante la tramitación. Si una empresa rechaza la contratación únicamente porque el permiso está en renovación, conviene pedir que la razón sea comunicada por escrito y verificar si la decisión es compatible con la normativa vigente.

Cuándo termina esta protección

La posibilidad de permanecer y trabajar durante la espera no es indefinida ni independiente del resultado del procedimiento. La tutela opera mientras la solicitud está pendiente y hasta una eventual comunicación de la autoridad de seguridad pública que indique la existencia de motivos que impiden la expedición, renovación o conversión del permiso.

Por esta razón, el recibo protege al extranjero durante el procedimiento, pero no transforma automáticamente una solicitud en un derecho definitivo al nuevo permiso. Es siempre necesario verificar el tipo de título solicitado, los requisitos correspondientes y cualquier comunicación posterior de la Questura.

Una regla práctica que evita muchos problemas

En materia de inmigración, la diferencia entre la fecha impresa en una tarjeta y la situación jurídica real puede ser decisiva. Un permiso físicamente caducado no significa necesariamente estancia irregular, y una solicitud todavía pendiente no significa necesariamente imposibilidad de trabajar.

Para el ciudadano extranjero, la regla práctica es clara: solicitar la renovación dentro de los plazos, conservar el recibo y documentar cuidadosamente cada paso del procedimiento. Para el empleador, la obligación es comprobar la situación jurídica efectiva del trabajador y no limitarse a observar la fecha de caducidad escrita en el documento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Commenti

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS