Según el TAR de Pescara, la orden de alejamiento de un familiar de ciudadano europeo debe impugnarse ante el tribunal ordinario: cómo evitar un error de jurisdicción
Según el TAR de Pescara, la orden de alejamiento de un familiar de ciudadano europeo debe impugnarse ante el tribunal ordinario: cómo evitar un error de jurisdicción
Recibir en Italia una orden administrativa de alejamiento del territorio es una situación que exige una reacción jurídica inmediata. Pero no todos los procedimientos de alejamiento están sometidos a las mismas reglas. La nacionalidad del destinatario, su condición de familiar de una persona ciudadana de la Unión Europea y, sobre todo, la base jurídica empleada por la autoridad pueden determinar qué juez debe examinar la impugnación. La sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Abruzos, sede de Pescara, Sección Primera, de 7 de marzo de 2026, n.º 113, permite comprender el coste procesal de confundir estos regímenes.
El caso: una decisión de la Prefectura y un recurso ante el juez equivocado
En el litigio resuelto por el TAR, la parte interesada había recurrido un decreto de alejamiento emitido por el Prefecto de Pescara el 18 de febrero de 2025. El decreto ordenaba abandonar Italia por razones vinculadas a la seguridad pública y al orden público, con referencia al artículo 20, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 30/2007. La recurrente solicitó también la suspensión cautelar de sus efectos.
La Administración planteó una excepción preliminar: el recurso no correspondía al juez administrativo, sino a la sección especializada del tribunal ordinario. En la audiencia cautelar de 27 de febrero de 2026, el TAR examinó esa cuestión y pudo resolver el asunto mediante una sentencia simplificada, sin pronunciarse sobre si los motivos de seguridad pública estaban o no probados.
Lo que decidió realmente el tribunal
El TAR declaró el recurso inadmisible por falta de jurisdicción administrativa. La resolución explica que las controversias relativas al alejamiento de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea o de sus familiares, cuando la medida se adopta con arreglo a los artículos 20 o 21 del Decreto Legislativo n.º 30/2007, deben presentarse ante el tribunal ordinario, sección especializada en inmigración, protección internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión.
El criterio se apoya específicamente en el artículo 17 del Decreto Legislativo n.º 150/2011. La competencia territorial, según la sentencia, corresponde al tribunal del lugar donde tiene su sede la autoridad que adoptó la medida. Por consiguiente, no basta con que el decreto provenga de un Prefecto para entender que su impugnación debe presentarse ante un TAR: importa la naturaleza de la situación jurídica protegida y el régimen especial aplicable.
El tribunal tampoco anuló el decreto de alejamiento ni declaró que la recurrente tuviera derecho a permanecer en Italia. Resolvió únicamente la cuestión del juez competente. Esa precisión es fundamental para no atribuir a la sentencia un resultado material que no contiene.
¿Qué ocurre con el procedimiento iniciado ante el TAR?
La sentencia recuerda la posibilidad de continuar el proceso ante la jurisdicción correcta mediante el mecanismo de la translatio iudicii, conforme al artículo 11 del Código del Proceso Administrativo italiano. Este mecanismo puede preservar determinados efectos procesales de la demanda presentada inicialmente ante un juez sin jurisdicción, siempre que se cumplan los requisitos y plazos aplicables.
No debe interpretarse como una autorización para dejar transcurrir el tiempo sin actuar. La parte interesada necesita examinar inmediatamente la sentencia que declara la falta de jurisdicción y organizar la continuación ante el tribunal competente. También deben valorarse por separado las medidas de protección urgente: la existencia de un procedimiento pendiente no equivale por sí sola a una suspensión automática de cualquier obligación de salida.
Un detalle significativo: el propio decreto señalaba al TAR
Existe en el fallo una circunstancia especialmente relevante para la práctica: la resolución administrativa impugnada indicaba erróneamente el TAR de Pescara como juez competente. Por eso el tribunal decidió compensar las costas procesales, reconociendo que la recurrente había seguido una indicación incorrecta contenida en el propio acto.
La indicación equivocada de los recursos disponibles en una resolución administrativa merece atención, pero no transforma al juez administrativo en órgano competente cuando la ley atribuye el asunto a la jurisdicción ordinaria. Para quien recibe el decreto, el apartado final sobre los recursos es un dato que debe verificarse, no una garantía infalible.
Qué deben comprobar las personas afectadas y sus familias
Primero, identificar la medida. Una expulsión regulada por el Texto Único de Inmigración italiano (Decreto Legislativo n.º 286/1998) no puede confundirse automáticamente con una orden de alejamiento dictada bajo el Decreto Legislativo n.º 30/2007. La etiqueta utilizada en una conversación informal o incluso en un mensaje de la administración no sustituye la lectura del fundamento jurídico del decreto.
Segundo, reunir los documentos familiares. Cuando se invoca la libre circulación europea, es útil conservar documentos de identidad, certificados que acrediten el vínculo familiar y cualquier título o comunicación relativos al ejercicio de derechos derivados de la relación con el ciudadano de la Unión. La valoración exacta dependerá de las circunstancias y de la legislación aplicable.
Tercero, verificar la autoridad y el órgano judicial. Conviene anotar quién firmó el decreto, cuál es su sede, las normas citadas, cuándo y cómo fue notificado y qué indicaciones contiene sobre los recursos. La elección del tribunal adecuado es una de las primeras decisiones que debe tomar el abogado.
Cuarto, estudiar la urgencia. Si la persona corre el riesgo de ejecución de una orden de salida, hay que evaluar sin demora las vías cautelares legalmente disponibles ante el órgano judicial competente. Los plazos, modalidades y efectos de la impugnación deben verificarse en el caso concreto; esta sentencia no fija un plazo universal aplicable a todas las medidas de alejamiento.
La enseñanza jurídica: la protección empieza por identificar el derecho y su juez
La resolución n.º 113/2026 no rebaja los controles de seguridad pública ni anticipa la decisión que corresponda sobre el fondo. Pone de relieve otra garantía: el sistema italiano distingue las controversias sobre libre circulación de ciudadanos de la Unión y sus familiares de otros litigios de inmigración. Una defensa eficaz debe reconocer esa diferencia antes de presentar el recurso.
También evidencia la responsabilidad de las administraciones al indicar correctamente los remedios judiciales en sus decretos. Que una persona haya seguido la indicación ofrecida por el propio Prefecto puede influir en la valoración de las costas, como ocurrió en este caso, pero no elimina la necesidad de acudir al juez legalmente competente.
Sentencia examinada: TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 7 de marzo de 2026, n.º 113 (presidente Balloriani; ponente Giardino). Texto completo de la sentencia en italiano. Normas esenciales: Decreto Legislativo n.º 30/2007, artículos 20 y 21; Decreto Legislativo n.º 150/2011, artículo 17; Código del Proceso Administrativo, artículo 11.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para ejercer ante el Tribunal Supremo de Casación de Italia
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea con el n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo redactado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.
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