Según el TAR de Pescara, la orden de alejamiento de un familiar de ciudadano europeo debe impugnarse ante el tribunal ordinario: cómo evitar un error de jurisdicción

Según el TAR de Pescara, la orden de alejamiento de un familiar de ciudadano europeo debe impugnarse ante el tribunal ordinario: cómo evitar un error de jurisdicción

Recibir en Italia una orden administrativa de alejamiento del territorio es una situación que exige una reacción jurídica inmediata. Pero no todos los procedimientos de alejamiento están sometidos a las mismas reglas. La nacionalidad del destinatario, su condición de familiar de una persona ciudadana de la Unión Europea y, sobre todo, la base jurídica empleada por la autoridad pueden determinar qué juez debe examinar la impugnación. La sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Abruzos, sede de Pescara, Sección Primera, de 7 de marzo de 2026, n.º 113, permite comprender el coste procesal de confundir estos regímenes.

El caso: una decisión de la Prefectura y un recurso ante el juez equivocado

En el litigio resuelto por el TAR, la parte interesada había recurrido un decreto de alejamiento emitido por el Prefecto de Pescara el 18 de febrero de 2025. El decreto ordenaba abandonar Italia por razones vinculadas a la seguridad pública y al orden público, con referencia al artículo 20, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 30/2007. La recurrente solicitó también la suspensión cautelar de sus efectos.

La Administración planteó una excepción preliminar: el recurso no correspondía al juez administrativo, sino a la sección especializada del tribunal ordinario. En la audiencia cautelar de 27 de febrero de 2026, el TAR examinó esa cuestión y pudo resolver el asunto mediante una sentencia simplificada, sin pronunciarse sobre si los motivos de seguridad pública estaban o no probados.

Lo que decidió realmente el tribunal

El TAR declaró el recurso inadmisible por falta de jurisdicción administrativa. La resolución explica que las controversias relativas al alejamiento de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea o de sus familiares, cuando la medida se adopta con arreglo a los artículos 20 o 21 del Decreto Legislativo n.º 30/2007, deben presentarse ante el tribunal ordinario, sección especializada en inmigración, protección internacional y libre circulación de ciudadanos de la Unión.

El criterio se apoya específicamente en el artículo 17 del Decreto Legislativo n.º 150/2011. La competencia territorial, según la sentencia, corresponde al tribunal del lugar donde tiene su sede la autoridad que adoptó la medida. Por consiguiente, no basta con que el decreto provenga de un Prefecto para entender que su impugnación debe presentarse ante un TAR: importa la naturaleza de la situación jurídica protegida y el régimen especial aplicable.

El tribunal tampoco anuló el decreto de alejamiento ni declaró que la recurrente tuviera derecho a permanecer en Italia. Resolvió únicamente la cuestión del juez competente. Esa precisión es fundamental para no atribuir a la sentencia un resultado material que no contiene.

¿Qué ocurre con el procedimiento iniciado ante el TAR?

La sentencia recuerda la posibilidad de continuar el proceso ante la jurisdicción correcta mediante el mecanismo de la translatio iudicii, conforme al artículo 11 del Código del Proceso Administrativo italiano. Este mecanismo puede preservar determinados efectos procesales de la demanda presentada inicialmente ante un juez sin jurisdicción, siempre que se cumplan los requisitos y plazos aplicables.

No debe interpretarse como una autorización para dejar transcurrir el tiempo sin actuar. La parte interesada necesita examinar inmediatamente la sentencia que declara la falta de jurisdicción y organizar la continuación ante el tribunal competente. También deben valorarse por separado las medidas de protección urgente: la existencia de un procedimiento pendiente no equivale por sí sola a una suspensión automática de cualquier obligación de salida.

Un detalle significativo: el propio decreto señalaba al TAR

Existe en el fallo una circunstancia especialmente relevante para la práctica: la resolución administrativa impugnada indicaba erróneamente el TAR de Pescara como juez competente. Por eso el tribunal decidió compensar las costas procesales, reconociendo que la recurrente había seguido una indicación incorrecta contenida en el propio acto.

La indicación equivocada de los recursos disponibles en una resolución administrativa merece atención, pero no transforma al juez administrativo en órgano competente cuando la ley atribuye el asunto a la jurisdicción ordinaria. Para quien recibe el decreto, el apartado final sobre los recursos es un dato que debe verificarse, no una garantía infalible.

Qué deben comprobar las personas afectadas y sus familias

Primero, identificar la medida. Una expulsión regulada por el Texto Único de Inmigración italiano (Decreto Legislativo n.º 286/1998) no puede confundirse automáticamente con una orden de alejamiento dictada bajo el Decreto Legislativo n.º 30/2007. La etiqueta utilizada en una conversación informal o incluso en un mensaje de la administración no sustituye la lectura del fundamento jurídico del decreto.

Segundo, reunir los documentos familiares. Cuando se invoca la libre circulación europea, es útil conservar documentos de identidad, certificados que acrediten el vínculo familiar y cualquier título o comunicación relativos al ejercicio de derechos derivados de la relación con el ciudadano de la Unión. La valoración exacta dependerá de las circunstancias y de la legislación aplicable.

Tercero, verificar la autoridad y el órgano judicial. Conviene anotar quién firmó el decreto, cuál es su sede, las normas citadas, cuándo y cómo fue notificado y qué indicaciones contiene sobre los recursos. La elección del tribunal adecuado es una de las primeras decisiones que debe tomar el abogado.

Cuarto, estudiar la urgencia. Si la persona corre el riesgo de ejecución de una orden de salida, hay que evaluar sin demora las vías cautelares legalmente disponibles ante el órgano judicial competente. Los plazos, modalidades y efectos de la impugnación deben verificarse en el caso concreto; esta sentencia no fija un plazo universal aplicable a todas las medidas de alejamiento.

La enseñanza jurídica: la protección empieza por identificar el derecho y su juez

La resolución n.º 113/2026 no rebaja los controles de seguridad pública ni anticipa la decisión que corresponda sobre el fondo. Pone de relieve otra garantía: el sistema italiano distingue las controversias sobre libre circulación de ciudadanos de la Unión y sus familiares de otros litigios de inmigración. Una defensa eficaz debe reconocer esa diferencia antes de presentar el recurso.

También evidencia la responsabilidad de las administraciones al indicar correctamente los remedios judiciales en sus decretos. Que una persona haya seguido la indicación ofrecida por el propio Prefecto puede influir en la valoración de las costas, como ocurrió en este caso, pero no elimina la necesidad de acudir al juez legalmente competente.

Sentencia examinada: TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 7 de marzo de 2026, n.º 113 (presidente Balloriani; ponente Giardino). Texto completo de la sentencia en italiano. Normas esenciales: Decreto Legislativo n.º 30/2007, artículos 20 y 21; Decreto Legislativo n.º 150/2011, artículo 17; Código del Proceso Administrativo, artículo 11.


Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para ejercer ante el Tribunal Supremo de Casación de Italia
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea con el n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Artículo redactado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

Commenti

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS